La inversión en I+D que nos escamotean (a pesar de su impacto en la salud)

Durante la primera semana de abril, las redes han repetido una y otra vez el penoso dato: en 2017, el presupuesto de gasto en I+D del Estado español no solo fue aproximadamente la mitad que en 2009 (4.635 millones de euros frente a 8.405 M€), sino que el nivel de ejecución —el gasto real— solo fue del 29,7%, es decir 1.376 M€, por debajo de lo que se gastó en el año 2000.

En triste contraste, se han vuelto a oír voces que denuncian que el Ministerio de Defensa de Cospedal gastó en 2017 casi 1.200 millones más de lo presupuestado (7.639 M€), e incluso hay fuentes que calculan que el coste real puede situarse cerca de los 19.000 M€ (si se incluyen la deuda, que asume Hacienda, la I+D, que paga Industria, la seguridad social y la mutua de los militares, la Guardia Civil, que sigue siendo un cuerpo militarizado, el CNI, integrado en un 50% por militares, etc.). Resulta revelador ver dónde se sitúan las prioridades.

Intento levantar el ánimo leyendo el informe El valor del medicamento desde una perspectiva social, elaborado por la Fundación Weber (Álvaro Hidalgo-Vega) y que presentó públicamente a finales de marzo Farmaindustria. En el mismo se recogen un conjunto de impactos positivos de la inversión en I+D para obtener medicamentos innovadores, recogidos en diversos países, como Estados Unidos, donde se calcula que “la introducción de nuevos medicamentos en el mercado ha supuesto un ahorro neto de costes sanitarios de entre 2,4 y 8,3 veces el gasto farmacéutico incurrido”. Los impactos son directos (reducción de las reincidencias y los costes de hospitalización) e indirectos (mejoras de la productividad por una disminución de las bajas laborales).

El informe señala, por ejemplo, que “los medicamentos aprobados entre 1983 y 1996 han evitado una pérdida de productividad laboral de más de 43.000 millones de dólares anuales solo en Estados Unidos” o que “el uso de biológicos para la psoriasis en Italia ha reducido en un 60% el coste directo no sanitario”. A ello hay que sumar los 13 millones de muertes evitadas solo entre 2010 y 2015 gracias a los antirretrovirales, que han convertido el VIH/sida en una enfermedad crónica en lugar de una afección aguda y fatal, o que desde los años 90 del siglo pasado se haya reducido en un 73% la mortalidad media del cáncer.

La investigación —a la que las empresas farmacéuticas españolas dedican algo más de 900 millones de euros anuales— salva vidas y mejora el bienestar de la sociedad, pero es que además impulsa la economía y genera puestos de trabajo cualificados directos e indirectos. ¿Tanto cuesta de ver?

No por sabido hay que olvidar que en España las compañías farmacéuticas, que solo representan el 0,18% de las empresas industriales, aportan el 2% del empleo, el 2,3% de la cifra de negocios, el 3,5% del valor añadido y el 4,2% de las exportaciones. Un efecto multiplicador que se explica sin duda porque también aportan el 20% del gasto en I+D de los sectores industriales.

Crecimiento, joint ventures e inversiones

Afortunadamente otras noticias de la semana ayudan a tener una perspectiva más positiva. Leemos que Laboratorios Salvat ha adquirido una planta en Alcalá de Henares para hacer frente al crecimiento de producción vinculado a su expansión internacional. La compañía, que en 2017 facturó 60 millones de euros, apuesta fuerte por el mercado de Estados Unidos, donde ya ha licenciado dos productos desde 2009, y donde tiene previsto lanzar dos más en los próximos meses. Mientras avanza en el desarrollo clínico de cuatro nuevos productos, busca nuevas oportunidades en los mercados asiáticos (China, Japón y Corea del Sur).

Por su parte, las empresas Leanbio y Laboratorios Reig Jofré han puesto en marcha la joint venture Syna Therapeutics para producir biosimilares —es decir, genéricos de productos biofarmacéuticos—, un mercado que los expertos situaban en 5.237 millones de dólares en 2017 y cuyo crecimiento se prevé que alcance los 28.200 millones en 2020. Ello se debe, en buena parte, a que en 2018 expiran las patentes de un número relevante de biofármacos, cuyas ventas sumaron en 2013 más de 9.000 millones de dólares.

También hemos sabido que la corporación japonesa Kaneka se ha convertido en el accionista mayoritario de la catalana AB-Biotics, especializada en probióticos y moduladores del microbioma, con una inversión de 10,2 millones de euros, que le da el control del 26,86% del capital de la compañía. Aunque se han realizado cambios en el Consejo de Administración a raíz de la salida de inversores anteriores, Miguel Ángel Bonachera y Sergi Audivert, fundadores de AB-Biotics (que cotiza en el MAB desde julio de 2010), siguen en el Consejo —con un participación del 10,11% cada uno— y al frente de la empresa.

AB-Biotics fue una de las empresas pioneras del sector biotec de nuestro país en salir al MAB (Mercado Alternativo Bursátil). Precisamente para emprender esta aventura Vytrus Biotech, especializada en la obtención de bioproductos a partir de células vegetales, acaba de completar, con sendos préstamos participativos del Institut Catalá de Finances (ICF) y ENISA, una ronda de financiación de casi un millón de euros. Las aportaciones de ICF (200.000 €) y ENISA (100.000 €) se suman a los más de 600.000 € obtenidos en la campaña de crowfunding que la compañía realizó a finales de 2017 de la mano de Capital Cell.

Los inversores privados ven el potencial del sector. Confiemos en que más pronto que tarde el Gobierno de a la inversión en I+D la prioridad que merece para seguir alimentando la innovación empresarial. ♦

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